EL DOBLE RASERO EN PALESTINA

Entre la Justicia Internacional y la Realpolitik: El Doble Rasero en Palestina

La situación en Gaza y Cisjordania ha llegado al extremo,alcanzado un punto de inflexión que exige una profunda reflexión global, no solo sobre las acciones del gobierno israelí, sino también sobre la coherencia y el compromiso de las potencias mundiales con el derecho internacional. Las persistentes y crecientes acusaciones de genocidio y crímenes de guerra contra el pueblo palestino, documentadas por diversas organizaciones internacionales y reflejadas en el sentimiento de millones, chocan frontalmente con un panorama geopolítico donde la justicia parece ser selectiva.

Desde noviembre de 2024, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza.1Esta decisión histórica, aunque tardía para muchos, representa un cumplimiento de esperanza para quienes claman por la rendición de cuentas ante las atrocidades vividas: bombardeos indiscriminados sobre población civil, destrucción masiva de infraestructura vital, bloqueo de ayuda humanitaria y un saldo de víctimas que extrema la conciencia humana. Las operaciones militares en Gaza, y la continua expansión de asentamientos ilegales y violencia en Cisjordania, dibujaron un escenario que muchos expertos y relatores de la ONU no dudan en calificar como un genocidio en curso.

Sin embargo, la efectividad de la orden de la CPI se ve enormemente socavada por la postura de uno de los actores más influyentes en el tablero mundial: Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha rechazado de manera categórica la jurisdicción de la CPI sobre este asunto y ha calificado la orden de arresto contra Netanyahu como "escandalosa" e "inaceptable". Argumentando el derecho de Israel a la autodefensa y cuestionando la legitimidad del tribunal –del cual ni Israel ni E.E U.U son estados parte–, Washington ha dejado clara su intención de no acatar ni apoyar la ejecución de dicha orden.

Esta posición no es nueva, pero en el contexto actual adquiere una resonancia particularmente dolorosa. Mientras Estados Unidos ha sido un firme defensor de la justicia internacional en otros escenarios, llegando incluso a sancionar a individuos y naciones por crímenes similares, su postura frente a Israel evidencia un preocupante doble rasero. La "realpolitik", con sus alianzas estratégicas e intereses geopolíticos, parece imponerse sobre los principios universales de derechos humanos y justicia penal internacional.

La comunidad internacional, por su parte, se muestra dividida. Mientras numerosas naciones, especialmente en Europa y el Sur Global, han expresado su respaldo a la CPI y han instado al cumplimiento de sus mandatos, otras guardan un silencio cómplice o se alinean con la postura estadounidense. Esto debilita aún más el ya frágil sistema de justicia global y envía un mensaje desolador a las víctimas: la justicia puede depender del pasaporte del verdugo y de las alianzas de poder.

No se puede obviar el sufrimiento de todas las partes involucradas en este largo conflicto. Sin embargo, la asimetría de poder y el impacto desproporcionado de las acciones del Estado de Israel sobre la población palestina son innegables. Ignorar las órdenes de un tribunal internacional creado para juzgar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto, simplemente porque involucra a un aliado político, sienta un precedente peligroso.

El incumplimiento o el desacato a la orden de captura de la CPI por parte de Estados Unidos no solo obstaculiza la justicia para las víctimas palestinas, sino que también erosiona la credibilidad de las instituciones internacionales y fomenta una cultura de impunidad. Si las normas y leyes internacionales sólo se aplican a los adversarios y no a los amigos, entonces pierden toda su fuerza moral y su propósito fundamental.

Es imperativo que la sociedad civil global, los defensores de los derechos humanos y los estados comprometidos con la legalidad internacional eleven su voz. La presión ciudadana y diplomática es crucial para recordar a las potencias mundiales que la justicia no debe ser una herramienta política, sino un pilar fundamental para la convivencia pacífica y la dignidad humana. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados, sin importar quiénes sean los perpetradores ni dónde ocurran. La paz en Palestina e Israel solo será posible cuando se aborden las causas profundas del conflicto, y ello incluye, ineludiblemente, la justicia y la rendición de cuentas.

Jesús Fernando Rodríguez Prieto 

EDV-NOTICIAS