LA NARRATIVA DE LA COCAINA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE E E.U.U HACIA VENEZUELA
Artículo de Opinión
La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una profunda tensión durante años, con acusaciones mutuas y una retórica escalada que a menudo opaca el análisis objetivo de los hechos. Entre las diversas herramientas utilizadas en esta confrontación, la acusación de que Venezuela es un narcoestado y un importante productor y traficante de cocaína hacia E.E.U.U. ha cobrado un protagonismo recurrente. Sin embargo, al examinar los datos de organismos internacionales como la ONU, esta narrativa parece desvincularse significativamente de la realidad, planteando interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de tales señalamientos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sido consistente en sus informes anuales sobre la producción global de cocaína. De manera sistemática, Colombia figura como el principal productor, responsable de aproximadamente el 65% de la producción mundial. El porcentaje restante se distribuye entre países como Bolivia y Perú, y en menor medida, Ecuador. Venezuela no figura en estos informes como un país de producción significativa de cocaína.
En cuanto a las rutas de tráfico, la UNODC también ha señalado que la gran mayoría de la cocaína destinada a Estados Unidos y Europa (alrededor del 87%) sale de Sudamérica a través del Pacífico, utilizando rutas marítimas que parten de las costas de Colombia, Ecuador y Perú. Si bien es cierto que Venezuela, por su ubicación geográfica, puede ser utilizada como zona de tránsito para ciertas operaciones de tráfico, especialmente hacia el Caribe y luego a Europa, la magnitud de su implicación dista mucho de la narrativa que la posiciona como un eje central del narcotráfico hacia E.E.U.U.
Entonces, ¿por qué persiste y se refuerza esta acusación contra Venezuela, incluso cuando los datos internacionales la contradicen? Una explicación plausible y creíble radica en la estrategia de “lawfare” o guerra jurídica, combinada con la construcción de un relato que busca deslegitimar al gobierno venezolano y justificar acciones de presión o intervención.
En primer lugar, la narrativa del "narcoestado" es una herramienta poderosa para deshumanizar a un gobierno y justificar sanciones económicas, medidas diplomáticas coercitivas e incluso la amenaza de acciones militares. Al presentar a Venezuela como un actor criminal, se facilita la construcción de un consenso internacional (o al menos entre aliados clave) para aislar al país y presionar por un cambio de régimen. Es una estrategia que ha sido utilizada en diversos contextos geopolíticos para demonizar a adversarios.
En segundo lugar, la acusación de narcotráfico conecta con una preocupación genuina en Estados Unidos: el problema de las drogas. Al vincular directamente a un gobierno extranjero con este problema interno, se genera una resonancia emocional y política que moviliza el apoyo público para acciones más contundentes. Esto desvía la atención de los complejos factores internos y externos que contribuyen al consumo de drogas en E.E.U.U, y externaliza la responsabilidad hacia un enemigo conveniente.
En tercer lugar, la persistencia de esta narrativa, a pesar de la evidencia en contra, puede ser vista como parte de una campaña de desinformación estratégica. Al repetir constantemente una acusación, independientemente de su veracidad, se busca que esta se asiente en el imaginario colectivo y se acepte como un hecho. Los informes de la ONU, aunque disponibles, a menudo no reciben la misma difusión o atención mediática que las declaraciones de funcionarios de alto nivel.
Es fundamental que la comunidad internacional y los ciudadanos exijan un escrutinio riguroso de las acusaciones y una mayor transparencia en la información. La política exterior no debe construirse sobre narrativas interesadas que contradicen los datos objetivos de organismos especializados. La complejidad de la crisis venezolana, y la lucha contra el narcotráfico, requiere de un enfoque basado en la evidencia y la cooperación internacional genuina, no en la fabricación de enemigos a través de acusaciones sin fundamento.
Es hora de cuestionar la credibilidad de estas acusaciones y demandar un debate más honesto y basado en hechos sobre la realidad del narcotráfico y su instrumentalización en la política exterior. Solo así se podrá avanzar hacia soluciones más justas y efectivas para los problemas reales que afectan a la región.
EDV-NOTICIAS
Jesús Fernando Rodríguez Prieto
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